En la vida de nuestra institución de control externo en la provincia de Tucumán pueden distinguirse claramente estos períodos:

a) Período de vigencia de la Ley de Contabilidad (1972 - 1999)
b) Período de vigencia de la Ley de Administración Financiera (1999 - 2006)
c) Período de Consagración Constitucional (a partir del año 2006)

Período de Vigencia de la Ley de Contabilidad (1972 - 1999)

El Tribunal de Cuentas tucumano comenzó a gestarse en un pedido realizado por el gobierno provincial al Consejo Federal de Inversiones a fin que elabore un proyecto de Ley de Contabilidad y Tribunal de Cuentas.
El anteproyecto resultante del trabajo del Consejo fue sometido al examen de la Comisión Asesora, integrada entre otros por miembros de la Facultad de Derecho y de Ciencias Económicas, Colegios Profesionales, etc., la cual acordó modificaciones con el Consejo Federal de Inversiones. Así las cosas, con fecha 11 de octubre de 1963, el gobierno de la intervención del Prof. Sarrulle que gobernaba la provincia dictó la nueva LEY DE CONTABILIDAD Y DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Decreto-ley Nº 56/17). Pese a ello se tardaría casi una década en poder concretar la integración y puesta en funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

La demora en su concreción se debió a los avatares políticos propios de esa época de inestabilidad institucional, con dos golpes de Estado con sus frecuentes cambios de interventores y el breve interregno de retorno a la democracia en la Provincia. Así, por ejemplo, en 1964 el Decreto-Ley 56/17 fue sometido, conjuntamente con la demás legislación de facto, a revisión por la Cámara de Diputados provinciales, pero el trámite legislativo no pudo completarse, pese a ello la Ley de Contabilidad fue objeto de un meduloso estudio y concienzudo debate en el cual no estuvo ausente la crítica a la génesis de facto del Tribunal de Cuentas y el anhelo de su instauración con rango constitucional.

Fue recién en 1972, luego de casi 9 años del dictado de la ley, que, durante el gobierno de Oscar Sarrulle, se llegó a constituir el primer Tribunal de Cuentas de la provincia. Constaba de un cuerpo integrado por 5 miembros (2 abogados: Guillermo Curia y Ricardo José Frías y 3 contadores: José Gaitán, Enrique Schaefer y Sebastián García).

Desde entonces, mantuvo su vida institucional ininterrumpidamente durante los sucesivos gobiernos constitucionales y militares.

En efecto, esta primera integración se mantuvo hasta la intervención del órgano por el Gobierno de Facto que asumió en marzo de 1976. El interventor militar de la provincia designó al Capitán Carlos E. Tejada como interventor, quien cumplió sus funciones hasta la normalización del ente de contralor en 1980. En esa oportunidad asumieron como miembros del Tribunal Fidel los Dres. Isaac Lazzo, José Exequiel Molina y los CPN Carlos Mirande, y Enrique Schaefer. Conflictos internos provocaron una nueva intervención a la institución en setiembre de 1982 a cargo del Dr. Pedro L. Cornet. Finalizando el gobierno de facto el gobernador Merlo en noviembre de 1982, se normalizó nuevamente al organismo con la designación de los Dres. Julio García Aldonate, Jorge Manuel Terán, y Emilio J. Cartier, a los que en diciembre del mismo año se le sumaron los CPN Bernardo Carlino y Jorge Rodríguez.

Con la llegada de la Democracia en 1983, a los vocales Cartier, Rodríguez y Carlino se les sumaron: el Dr. Julio Vargas Aignasse y el CPN Pedro Cristóbal Minetti. Esta composición se mantuvo hasta el mes de marzo de 1984, cuando se modificó la Ley de Contabilidad y se redujo a 3 los miembros del Tribunal, cesando en sus funciones Emilio J. Cartier, Bernardo Carlino y Jorge Rodríguez. El Tribunal de Cuentas funcionó con un cuerpo de 2 miembros hasta marzo de 1985; cuando asumió el CPN Ricardo Ponce de León, que fue el primer agente del Tribunal de Cuentas (era Contador Fiscal) que llegó a ocupar una Vocalía; situación que se repitió en los años 1999 y 2007 con las designaciones como Vocales de los CPN Miguel Chaiben Terraf y Marcelo Vidal, respectivamente.

Durante los gobiernos de Pedro F. Riera y José Domato (1983/91), el Tribunal de Cuentas enfrentó varios conflictos con el Ejecutivo Provincial.

Sin embargo, durante 1990 tuvo lugar la reforma total de la Constitución de 1907. La Convención constituyente de entonces no incorporó al Tribunal de Cuentas como órgano de control externo con jerarquía constitucional; al contrario de lo que ocurría en el resto de las provincias argentinas, que incorporaban los mecanismos control en sus nuevos textos constitucionales.

La crisis financiera e institucional que golpeaba a la provincia, desembocó en la intervención federal en 1991 a cargo del Dr. Julio Cesar Aráoz. La intervención federal de 1991 repercutió directamente en el Tribunal de Cuentas. Se designó una intervención a cargo de la Dra. Malvina Seguí, como Interventora y al CPN Guillermo López como Sub Interventor; los que fueron reemplazados por el Dr. Víctor Vázquez.
Con el regreso a la normalidad institucional a fines de 1991, el gobierno de Ramón Bautista Ortega, regularizó al organismo nombrando como miembros a Dr. Pedro León Cornet, CPN Bernardo Carlino y Dr. Víctor Vázquez.

En 1995 la Legislatura Provincial sancionó una modificación de la Ley de Contabilidad elevando a cinco el número de miembros del Tribunal de Cuentas quienes fueron designados con carácter vitalicio por el Presidente del Legislatura de Tucumán. Así fueron nombrados el CPN Jorge Daniel Avila, Dr. Pedro León Cornet, Dr. Darío Jorge Domingo de Prada, CPN José Antonio Nadef y CPN Jorge Eduardo Olmos.-